DEMOCRACIA ABIERTA?????

El presidente argentino Mauricio Macri habla publicamente después de que un fiscal argentino pidiera una investigación sobre su participación en empresas offshore. Foto AP / Natacha Pisarenko

El co-titular de Fleg Trading, Kagemusha, Opalsen S.A. y Macri Group Panamá, involucrado también en más de una docena de otras empresas pantalla en paraísos fiscales, también sigue el ejemplo de sus pares de Rusia, Ucrania, Siria y Qatar nombrados en los Papeles de Panamá a la hora de usar la justicia para perseguir opositores y recortar la libertad de expresión. Pero a diferencia de lo que sucedió con Putin, Assad y Poroshenko, los medios argentinos afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han minimizado el involucramiento del presidente argentino en el escándalo de las cuentas offshore.

¡Ladrones! (gritaba el ladrón, mientras metía la mano en la billetera)

El tejido de acontecimientos posterior a las revelaciones no deja mucho lugar a dudas: en el momento del lanzamiento mundial de los Panamá Papers, el macrismo ya había urdido una red de contranoticias para cubrirlo, entre las cuales se destaca una catarata de imputaciones contra ex funcionarios y aparentes socios de la administración previa, mientras Macri declaraba estar “sorprendido” ante la existencia de sociedades offshore en cuya titularidad se turnaba con su padre y hermanos. El clímax de la operación llegó cuando se tapó la inevitable imputación al presidente actual con otra, al día siguiente, contra la su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, la cual por supuesto cubrió las primeras planas.

Pero el blindaje periodístico del presidente y varios de sus ministros es sólo la punta de un iceberg que ha venido operando desde hace décadas. El Grupo Clarín es porcentualmente uno de los multimedios con más concentración en todo el mundo, dueño de proveedores de televisión por cable, servicios de internet, radios, canales de televisión abierta y medios impresos. El diario del mismo nombre es el segundo de más tirada en español a nivel global. Junto con La Nación, el Grupo Clarín posee asímismo la mayoría accionaria del monopólico productor de papel de diario Papel Prensa, que fue adquirido en circunstancias sospechosas durante la última dictadura militar y que (al igual que sucede en Brasil con O Estado de São Paulo y O Globo) les permitió por décadas controlar la expresión pública impresa y audiovisual.

Como resultado de esa reinstauración de los monopolios, los escasos medios opositores a Macri comienzan a desintegrarse y periodistas que lo han denunciado fueron echados de sus puestos. Así, a nadie puede sorprender que ataques armados a locales de la oposición y amenazas de bomba contra centros de derechos humanos hayan pasado casi desapercibidos, que las manifestaciones contrarias al gobierno sean negadas o minimizadas o que se escondan los despidos masivos que según fuentes sindicales ya suman más de 200 mil desde la asunción de Macri.

Primero la sentencia, después el proceso

Ese mismo esquema ya estaba en funcionamiento en Argentina, pero adquiere un nuevo impulso y alcance con la actual ofensiva judicial contra Cristina Kirchner: el juez Claudio Bonadío — un juez de perfil abiertamente pro-Macri, con antecedentes en el gobierno notoriamente corrupto de Carlos Menem, acusado de ‘dormir’ causes de tráfico de sangre contaminado y del encubrimiento oficial del atentado a la mutual judía AMIA en 1994, entre otras — la citó a declarar por una causa de debilísima base legal, que fue reconocida por un amplio espectro de juristas como persecución lisa y llanamente política (el juez acusa a la cúpula del gobierno anterior por una fijación del cambio de la moneda, medida que claramente forma parte de las atribuciones que tiene cualquier gobierno.)

Este mismo poder judicial, sin embargo, ha sido más que remiso en perseguir a figuras centrales del actual gobierno, empezando por el mismo Macri, quien acumula numerosas causas a las que ahora se le suman las de sus empresas offshore. Se trata de jueces abiertamente parciales, alineados con objetivos políticos del oficialismo –sobre todo, el de liquidar el peso simbólico del kirchnerismo. Pero se trata también de algo aún más grave: un poder judicial que quiere funcionar como vigilante de la política, que busca vaciar los sentidos históricos de las luchas, y que funciona como herramienta automática para una gestión neoliberal de lo social.

La campaña que llevó al macrismo al poder estuvo basada en una imagen de profesionalismo y respeto por las instituciones de un Estado que los medios corporativos habían retratado como invadido, manipulado, y utilizado por el kichnerismo como una maquinaria o bien disfuncional, o bien movilizada para su propio beneficio económico y/o político. Siguiendo un guión tradicional de las derechas nuevas y viejas, toda política de inclusión ciudadana fue caricaturizada y demonizada como favoritismo o negociado. A pesar de esta persistente acusación, el nuevo gobierno no se sintió limitado en su contratación de allegados y familiares para ocupar altos y medios cargos en las estructuras del estado, mientras se intenta proyectar como limpieza y prudencia la expulsión y ninguneo de aquellos ahora considerados ‘ñoquis’ sobrantes.

‘El que tiene hambre de verdad, come cualquier cosa’

Desde hace décadas, los medios corporativos multiplican las denuncias por corrupción contra políticos contrarios a sus intereses para instalar en la población la idea de que pagar impuestos resulta inútil en un país donde los funcionarios se apropian los fondos públicos o los dilapidan financiando puestos estatales superfluos. Desde hace décadas, los medios concentrados suscitaron así una descabellada, pero eficaz, solidaridad entre los pequeños comerciantes, los profesionales o los trabajadores calificados obligados a pagar, como en cualquier otra parte del mundo, un impuesto a las ganancias, y los grandes empresarios que, como Macri y su familia, se dedican a abrir cuentas offshore para escapar a los controles del fisco.

El "Observatorio argentino" lo componen:

<a data-cke-saved-href="\" href="\&quot;https://opendemocracy.net/democraciaabierta/observatorio-argentino/democracia-offshore-na-argentina-de-macri\&quot;" style="\&quot;color:" rgb(0,="" 97,="" 191);="" text-decoration:="" none;\"="" target="\&quot;_blank\&quot;">Alejandra Crosta (University of Oxford), Alessandra Ghezzani (Università di Pisa), Andrea Pagni (Universität Erlangen-Nürnberg), Andrés Avellaneda (University of Florida), Anna Forné (Göteborgs Universitet), Ben Bollig (University of Oxford), Cara Levey (University College Cork), Carmen Arndt (AP Berlin), Cecilia Sosa (University of East London), Claudia Tomadoni (Bauhaus Universität Weimar), Daniel Ozarow (Middlesex University), Dardo Scavino (Université de Pau), David Rojinsky (King’s College London), Edoardo Balletta (Università di Bologna), Emilia Perassi (Università di Milano), Federica Rocco (Università di Udine), Fernanda Peñaloza (University of Sydney), Fernando Rosenberg (Brandeis University), Francisco Domínguez (Middlesex University), Gabriel Giorgi (New York University), Gisela Heffes (Rice University), Graciela Montaldo (Columbia University), Ignacio Aguiló (University of Manchester), James Scorer (University of Manchester), Jens Andermann (Universität Zürich), John Kraniauskas (Birkbeck College London), Jordana Blejmar (University of Liverpool), Kathrin Sartingen (Universität Wien), Liliana Ruth Feierstein (Humboldt-Universität zu Berlin), Milton Läufer (New York University), Pablo Rosso (Especialista en Moitoreo Ambiental, Berlín), Rike Bolte (Universität Osnabrück), Vikki Bell (Goldsmiths College London)